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Lunes, 16 Abril 2018 00:00

LIMPIANDO LA CASA

COMENTARIO DE ACTUALIDAD DE LA DOCTORA SUSANA VERDUGO BARAHONA

 

            A medida que pasa el tiempo y el Gobierno del Presidente Piñera comienza a asumir el mando e instalarse en los distintos Ministerios, Gobernaciones, Intendencias y en realidad en las distintas administraciones públicas, se ha encontrado con la no grata sorpresa como ya lo comenté en una columna anterior con funcionarios que no se pueden remover porque a última hora les cambiaron sus condiciones laborales e inclusive lo que es peor han comprometido la realización de proyectos que no cuentan con el financiamiento necesario para implementarse, así que cuando Bachelet hablaba de su legado, éste es, un legado de amarres, de apitutados, de restricciones a la administración que la siguiera, pues todo lo hizo sin pensar más que en ella, sus amigos y los amigos de sus amigos.

            Como mencioné con anterioridad dentro de las grandes problemáticas que hoy enfrenta el Presidente Piñera es que carga con 14 mil “muertos” que Bachelet pasó de su administración que estaban a honorarios a ser funcionarios a contrata a pocos meses de dejar el Gobierno, donde deja de manos atadas a la actual administración y donde el costo finalmente lo tenemos que asumir todos los chilenos y no ella y sus amigos.

Por lo tanto, la pregunta que cabe hacerse ahora es ¿cuánto de esos que no se quieren ir son apitutados, operadores políticos y cuantos no? y para ello podemos utilizar el siguiente antecedente para entender mejor ésta situación; de cada 100 chilenos sólo 2 están asociados a un partido político o sea sólo un 2% pero por ejemplo da la casualidad que en el Consejo para la Infancia, hay un 35,8% de militantes de la coalición hoy opositora, lo mismo con el 43,8% que hay en el Instituto Nacional para la Juventud, o el 29,4% en el Servicio para el Adulto Mayor y así podría estar nombrando una infinidad de lugares que cuenta con una alta tasa de militantes dentro del Estado, lo que hace a uno preguntarse ¿cuál es la razón? y la respuesta salta a la vista, pues esto sería una suerte de pagadero de favores.

            Un ejemplo claro de lo anterior, es el caso de don Adolfo Galindo, quien es egresado de derecho, no es ni licenciado ni mucho menos abogado y quien durante la segunda administración Bachelet se desempeñó en diversos cargos y que hoy por hoy tiene un contrato vigente hasta el mes de diciembre del presente año por una cifra cercana a los 4 millones de pesos, en un puesto que es al menos cuestionable, pero la administración actual se encuentra “amarrada” con éste funcionario público hasta diciembre.

           

            Un gesto, elegante, de decencia mínima, de honorabilidad, sería que quienes llegaron al Estado con un Gobierno, se retiraran junto con el Gobierno que los puso en el puesto que ocupan, pues se entiende que debieran irse cuando el Gobierno termina y no esperar que los desvinculen, cuando hablamos sobre todo de funcionarios de confianza o asesores; puesto que no hablamos de personas que hayan hecho una carrera en la administración pública o de que estén ahí por haber pasado un concurso o una nómina para ser seleccionados en tales o cuales puestos, sino simplemente de personas que están ahí porque son de confianza de quienes están “armando” el equipo. Por supuesto que estén ahí por ser de confianza no les quita ni resta méritos, pero es más por decoro y porque cada administración tenga el derecho de rodearse de las personas que a su manera de ver sean adecuadas y de su confianza.

Todo lo anterior que es simplemente “auspiciado” por la Corte Suprema y la Contraloría General de la República que no hacen nada por enmendar ésta suerte de vacíos legales para que cada administración no tenga que cargar con los “muertos” de la administración anterior que más que ser un aporte se dedican a dividir y a entorpecer la concreción de los proyectos.

            Sin ir más lejos a lo largo del país, la inamovilidad de los funcionarios que quedaron “amarrados” a última hora les ha impedido a las diversas autoridades el poder nombrar a personas de su confianza, con lo cual queda en evidencia que la acción del Gobierno se verá y ya se está viendo entorpecida en alguna medida por razones netamente políticas, al estar obligados a quedarse con personas que le deben sus puestos a la administración anterior y no porque los ganaran en un concurso, donde producto de sus méritos fueran designados en dichos cargos; sino porque Bachelet y compañía decidió pasar de honorario a contrata a muchos de sus amigos para así asegurarles una remuneración. De hecho es importante y loable recordar que en el Gobierno de Bachelet, el gasto en honorarios aumentó en un 60% pero sólo a personas que ellos escogieron de manera precisa lo mismo ocurrió con el aumento en un 44% en los gastos de viáticos, lo que traduciéndolo en dinero sería la suma de 3.500 millones de dólares aproximadamente, que sería casi la mitad de todo lo recaudado por la famosa reforma tributaria que tanto mal hizo a nuestro país por su desprolijidad e improvisación.

            Como país debemos de tener claro en qué condiciones se recibió el Estado y que restricciones presupuestarias le fueron impuestas por la anterior administración pues al ir conociendo las últimas cifras donde el país tiene sólo por el endeudamiento en que incurrió la administración de Bachelet con la suma cercana a US$69.000 MM y que se comprometió de tal manera gran parte de los ingresos fiscales en los pagos de los intereses de dicha deuda que oscila entre los US$1.200 – US$1.400 MM, situación que hará más difícil todo, pero de seguro que el Presidente Piñera, junto a su equipo logrará sortearlo, pues ya una vez recibió un país literalmente en el suelo y con una economía lamentable y en realidad cada arista en pobres condiciones y lo supo “poner” de pie en tiempo record y pudo enrielar nuevamente por el camino del desarrollo y la prosperidad.

Susana Verdugo Baraona

Combarbalá Noticias.

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